República Dominicana continuará con su política de deportación masiva de ciudadanos haitianos indocumentados, porque lo importante para el país es su seguridad nacional, afirmó este lunes el presidente Luis Abinader.
«Vamos a seguir deportando a quienes estén en las calles, sin trabajar, la seguridad nacional está primero (…). Esto lo haremos hasta que haya normalidad en Haití y desde allá ellos puedan lograr permisos de trabajo», apuntó el gobernante.
Abinader, sin embargo, refirió que el Gobierno está en conversaciones con los productores de rubros como la caña de azúcar, el banano y el arroz, donde la mano de obra haitiana representa más del 80 %, para dar seguimiento a «muchos permisos» que tenían haitianos para trabajar en el país, pero que no han podido renovar por la inestabilidad en Haití.
«También hay que considerar que los productores de caña de azúcar y arroz han ido mecanizando sus cultivos y ese es el camino que debemos seguir», acotó el presidente en su acostumbrada rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional.
Abinader, por otra parte, desmintió que él y el canciller Roberto Álvarez, se reunieran en septiembre pasado en Nueva York -en el marco de la Asamblea General de la ONU- con el hoy destituido primer ministro haitiano, Garry Conille, y su ministra de Relaciones Exteriores, Dominique Dupuy, como han expresado sectores de la oposición.
«Cualquier decisión entre República Dominicana y Haití en sus relaciones, nosotros las hacemos públicas, esas son especulaciones. Si hay una decisión que afecte al país en relación con Haití eso siempre será publicado y dado a conocer», refirió.
El miércoles pasado, Dupuy saludó que se haya producido una reducción de las deportaciones de sus connacionales residentes en República Dominicana con estatus migratorio irregular y dijo aspirar a un diálogo franco y respetuoso con este país fronterizo.
«Saludamos la reducción de las deportaciones, fruto de nuestros esfuerzos y de nuestra solidaridad con nuestros aliados. Haití aspira a un diálogo franco y respetuoso con el Gobierno de República Dominicana, para una asociación donde cada nación encuentre sus ventajas», expuso la canciller haitiana en su cuenta de X.
Sin embargo, ese mismo día la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, desmintió «categóricamente» lo dicho por Dupuy sobre la reducción de las deportaciones.
«La política migratoria es un derecho soberano de cada Estado. Ningún país ni organización internacional tiene potestad para interferir en las decisiones internas de la República Dominicana», escribió en su cuenta de X la funcionaria.
Raful consideró que la política migratoria de la República Dominicana es un derecho soberano e innegociable.
«Desmentimos categóricamente cualquier afirmación sobre una supuesta reducción en las repatriaciones a solicitud de Haití. Las declaraciones de la canciller haitiana @DominiqueAyiti son falsas y buscan interferir en nuestros asuntos internos», afirmó la ministra.
El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que encabeza el presidente Luis Abinader, anunció a finales de octubre la ejecución inmediata de un operativo con el objetivo de repatriar hasta a 10,000 migrantes por semana.
Este operativo busca reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas y se llevará a cabo bajo estrictos protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los repatriados, anunció el Gobierno.
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