Amnistía Internacional acusó este martes al gobierno de la República Dominicana de violar el derecho a la salud y de promover políticas discriminatorias con la implementación de un nuevo protocolo que condiciona el acceso de personas migrantes a los servicios de salud pública, medida anunciada por el presidente Luis Abinader el pasado 6 de abril.
Según denunció la organización, el protocolo exige a las personas migrantes presentar una identificación, carta de trabajo y comprobante domiciliario para acceder a servicios médicos, establece tarifas específicas y dispone la deportación inmediata de quienes se encuentren en situación migratoria irregular tras ser atendidos.
“La implementación de un sistema que expone a las personas migrantes a la deportación tras recibir atención médica no solo viola el derecho a la salud, sino que deshumaniza a personas sin documentación y seguramente las disuadirá de acudir a hospitales, poniendo vidas en peligro”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
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Amnistía Internacional subraya que esta medida contradice las obligaciones internacionales del Estado dominicano en materia de derechos humanos, así como el principio constitucional de acceso gratuito y universal a la salud. Además, señala que institucionaliza la discriminación contra las personas migrantes, especialmente contra haitianos sin documentación, solicitantes de asilo, personas en situación de apatridia y dominicanos de ascendencia haitiana.
La organización advirtió que estas barreras afectan con mayor dureza a mujeres embarazadas y niños migrantes, quienes ya enfrentan una fuerte estigmatización al ejercer derechos fundamentales como la salud y la educación.
Desde octubre de 2024, se han registrado más de 180,000 deportaciones, lo que Amnistía califica como expulsiones colectivas, una práctica prohibida por el derecho internacional. Ante este panorama, la entidad emitió una acción urgente para exigir el fin de las expulsiones masivas y la revocación del protocolo de salud.
“Desde Amnistía Internacional hacemos un llamado urgente al gobierno de Luis Abinader para que ponga fin de inmediato a las expulsiones colectivas de personas haitianas y derogue el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación”, reiteró Ana Piquer.
La organización también exhortó a la población dominicana a rechazar lo que calificó como “medidas crueles y racistas” y demandó acciones concretas contra la discriminación racial, así como garantías de acceso a protección internacional para quienes la necesiten.
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