El Gobierno afirmó este jueves, en una rápida respuesta a su homólogo haitiano, que las repatriaciones de ciudadanos de este último país en situación migratoria irregular se llevan a cabo en el marco de la ley.
La Cancillería aseguró que las deportaciones se realizan con apego a los procedimientos establecidos, y responden a la responsabilidad «irrenunciable» del Estado dominicano de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos.
República Dominicana, como país fundador de las Naciones Unidas, comparte los principios universales de respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin distinción de nacionalidad, afirmó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.
La nota aseguró que el país «reitera su derecho soberano -como todo Estado independiente- de aplicar sus leyes migratorias de conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico vigente».
Apenas horas antes, El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití condenó «con la mayor firmeza toda forma de discriminación y toda violación de los derechos fundamentales» de los que serían víctimas los haitianos que residen en la República Dominicana.
«Las condiciones en las que se están llevando a cabo las expulsiones de estos ciudadanos haitianos son especialmente preocupantes», afirmó el CPT en una nota publicada en su página de Facebook.
El comunicado dominicano dijo que responde expresamente a las declaraciones del CPT.
«La grave crisis institucional, humanitaria y de seguridad que afecta a Haití ha generado un incremento sostenido en la presión migratoria hacia nuestro país, lo que ha obligado a la adopción de medidas preventivas proporcionales a la magnitud del riesgo», se lee en la nota diplomática.
A seguidas, agrega que la posibilidad de una expansión de la violencia (en Haití) «hacia nuestro territorio constituye una amenaza real, muy grave, que requiere una respuesta decidida y responsable» del Estado dominicano.
«Ninguna nación puede ni debe renunciar a su derecho de proteger su integridad territorial y a tomar las medidas que las circunstancias exigen para salvaguardar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica en su territorio», dijo la Cancillería.
República Dominicana dijo reiterar su voluntad de mantener un diálogo franco, respetuoso y orientado a soluciones duraderas con las autoridades haitianas y las instituciones intergubernamentales pertinentes.
El secretario general de la ONU, António Guterres, criticó este jueves la implantación del protocolo de verificación migratoria en los hospitales de la República Dominicana, algo que solo en un día ha derivado en la detención de 87 pacientes haitianas embarazadas y próximas a dar a luz.
«(La medida) puede repercutir rápida y negativamente en las personas que buscan atención sanitaria -entre ellas mujeres a punto de dar a luz- y que no quieren hacerlo porque creen que los hospitales no son lugares seguros», apuntó el portavoz de la Secretaría, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.
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